El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, defendió que España seguirá adelante con sus nuevas normas para hacer más seguros los entornos digitales. A ello se le suma el anuncio de limitar determinados usos de IA de alto riesgo y obligar a las plataformas (redes sociales) a ser más transparentes sobre el funcionamiento de sus algoritmos. El argumento político para este movimiento fue claro: los beneficios de unas pocas tecnológicas no pueden situarse por encima de los derechos de millones de usuarios.
La propuesta española se articula en torno a varios frentes. El más llamativo es la protección de menores. El Gobierno quiere prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Esta medida ya fue anunciada por Pedro Sánchez en febrero de 2026 y vinculada a sistemas de verificación de edad más estrictos. La Moncloa también ha planteado reforzar los controles de redes y redes sociales dentro de una estrategia de “soberanía digital europea”, incluyendo la verificación de edad en plataformas sociales y páginas de contenido para adultos.
España ya tiene muchos frentes abiertos: regular IA, redes sociales, vigilancia del odio o verificación de edad
Más allá de la protección de menores, junto a la verificación de edad, el segundo eje es más dudoso. Partimos por hacer que la responsabilidad recaiga en las plataformas y sus directivos. El Gobierno quiere que los ejecutivos tecnológicos puedan responder de forma directa por la presencia de contenidos ilegales o dañinos, especialmente discursos de odio y abusos relacionados con IA generativa. El ministro también defendió que el anonimato online no debe servir como escudo para delinquir. Esta línea conecta con anteriores iniciativas del Gobierno para perseguir deepfakes, imágenes manipuladas y usos no consentidos de la voz o la imagen de una persona.
El tercer bloque afecta directamente a la inteligencia artificial. España ya aprobó en marzo de 2025 el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA. Esta ley nace con el objetivo de adaptar la legislación nacional al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. La norma busca promover una IA “ética, inclusiva y beneficiosa”, pero también identificar prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo y obligaciones de transparencia.
Por otro lado, la Comisión Europea está intensificando su presión contra los diseños adictivos en redes sociales. Señalando especialmente a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X. Ursula von der Leyen ha planteado nuevas medidas para proteger a los menores frente al scroll infinito. Además de querer que se elimine la auto reproducción de vídeos, el ciberacoso y retirar contenido dañino. Además, Bruselas trabaja con un panel especial sobre seguridad infantil online que debe presentar recomendaciones antes del verano de 2026, incluyendo posibles restricciones armonizadas de edad para las redes sociales.
La regulación española se apoya en la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Comisión Europea
La Comisión Europea recuerda que las plataformas accesibles a menores deben proteger su bienestar físico y mental, privacidad y seguridad. La presión regulatoria se ha intensificado por casos recientes de deepfakes y material generado con IA. Esto llegó después de que una activista española, víctima de imágenes falsas generadas por IA, pidiera normas más duras y mecanismos para hacer trazables las cuentas anónimas implicadas en violencia digital.
En cuanto a las tecnológicas, el problema no es solo reputacional, sino operativo y económico. Las nuevas obligaciones podrían implicar auditorías algorítmicas, mecanismos más estrictos de verificación de edad, etiquetado de contenido generado por IA, retirada más rápida de material ilegal, restricciones en sistemas de recomendación y mayor exposición a sanciones. La industria ha presionado contra este tipo de regulación alegando cargas administrativas, riesgo para la innovación y fragmentación normativa.
En cuanto a lo que respecta a política, España quiere situarse en el bloque más intervencionista de Europa en materia digital. El Gobierno está usando tres argumentos principales: protección de menores, lucha contra abusos generados por IA y control democrático de plataformas con enorme influencia social. La tesis de fondo es que las redes sociales ya no pueden tratarse como simples intermediarios neutrales cuando sus algoritmos amplifican contenidos, moldean la atención pública y pueden exponer a menores a dinámicas adictivas o dañinas.
Para terminar, la incógnita está en la aplicación real. Prohibir el acceso a redes a menores de 16 años exige sistemas de verificación robustos. Y sí, estos sistemas chocan con problemas de privacidad, seguridad de datos y facilidad de evasión. Hacer responsables a directivos también exigirá definir con precisión cuándo una plataforma ha incumplido sus deberes de diligencia. Y exigir transparencia algorítmica puede entrar en conflicto con secretos comerciales, seguridad de los sistemas y complejidad técnica de los modelos de recomendación. A ello se le suma que Europa le recordó a Pedro Sánchez que no tiene poder para legislar las redes sociales.
