LALIGA ha sacado pecho en torno a su ofensiva contra la piratería del fútbol en bares, restaurantes y cafeterías (HORECA). Ha sido hoy cuando LALIGA lanzó un comunicado de prensa anunciando que la patronal ya ha superado las 2.000 sentencias condenatorias contra establecimientos que emitían partidos de forma ilegal. Además, asegura que mantiene 317 casos en fase de instrucción y 488 locales pendientes de juicio oral. Una cifra que deja claro que la vía penal ya no es algo puntual. Se ha convertido en una estrategia sostenida y masiva dentro de su política antipiratería.
El dato importante no es solo a nivel de volumen, sino de velocidad. LALIGA subraya que esta ofensiva comenzó en el año 2019, y que desde entonces ha logrado una media de casi una sentencia condenatoria al día. Visto en perspectiva, la progresión ha sido muy rápida. En julio de 2024 había comunicado el hito de las primeras 1.000 sentencias. En septiembre de 2025 ya hablaba de más de 1.600, con 611 obtenidas en el último año. Ahora, apenas medio año después, eleva el contador por encima de las 2.000. Eso sugiere una intensificación clara del ritmo de litigación y de ejecución de su estrategia.
La última estrategia de LALIGA era pagar 50 euros a aquellas personas que denunciaran bares con fútbol ilegal
LALIGA activó en enero de este año un incentivo de 50 euros por denuncia válida a quien avisara de emisiones ilegales en hostelería. Aquella publicación explicaba que LALIGA había reforzado su Canal de Denuncias. Hasta el punto de que había convertido al consumidor en colaborador directo del control. Para ello anunció un incentivo económico y un proceso basado en enviar pruebas visuales del establecimiento denunciado. La propia LALIGA confirmó oficialmente ese esquema el 28 de enero de 2026, indicando que los usuarios podían recibir un pago de 50 euros tras la valir la denuncia.
En el artículo que hicimos en enero, con el de día, marca el segundo capítulo de una misma historia. En enero, LALIGA reforzó la captación de denuncias; hoy, exhibe el músculo judicial de los resultados acumulados. Incluso el mensaje operativo es coherente entre ambos momentos: la organización pidió a los usuarios que mirasen la esquina de la pantalla del televisor y comprobasen si aparecía una “B” en caso de bar o una “A” en caso de casa de apuestas. Si no estaba esa identificación, el establecimiento podía estar retransmitiendo fútbol de forma no autorizada. Es decir, no solo persigue la piratería: también ha intentado estandarizar una forma sencilla de detectarla y convertirla en evidencia utilizable. Pues solo bastaba realizar un par de fotografías con el móvil para validar la prueba.
La dimensión económica es otro de los ejes del discurso. LALIGA sostiene que la piratería del fútbol provoca en España pérdidas anuales de entre 600 y 700 millones de euros. Presenta ese daño como algo que no afecta únicamente a los clubes, sino también al conjunto del ecosistema. Desde aportaciones al CSD, a la RFEF, al fútbol base, al fútbol femenino y a la recaudación fiscal. Esa cifra aparece repetida en varias comunicaciones oficiales de la organización y funciona como el principal argumento para justificar que el problema no se trate solo como una infracción comercial, sino como una amenaza estructural para el deporte profesional.
LALIGA defiende que los que pagan por el fútbol se benefician de una mayor clientela
LALIGA intenta blindar el relato a favor de los bares que sí pagan. Fue en septiembre de 2025 cuando dijo que los bares que emiten deporte legalmente pueden aumentar la afluencia de público hasta un 50% y elevar el consumo por cliente hasta un 40% durante una retransmisión. De esta forma, vende LALIGA BARES no como un producto, sino como una herramienta de negocio. Lejos del relato de LALIGA, el contexto europeo sugiere que el problema sigue siendo enorme y está lejos de resolverse.
La Comisión Europea, en su evaluación de noviembre de 2025 sobre la recomendación de 2023 contra la piratería de eventos en directo, concluyó que las mejoras habían sido limitadas y que no se había logrado reducir de forma significativa el volumen global de piratería online de eventos en vivo. En la misma línea, un documento del observatorio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) indicaba que las visitas a webs pirata de retransmisiones deportivas volvieron a crecer a comienzos de 2025. Con picos en febrero y marzo de 2025, y que la piratería por IPTV está ganando peso.
Los datos de ejecución también explican por qué LALIGA insiste tanto en judicializar y en ampliar los frentes de presión. Un informe de Grant Thornton sobre el primer semestre de 2024 señalaba al menos 5,3 millones de retransmisiones no autorizadas detectadas y que más del 80% de ellas no fueron suspendidas antes de acabar la emisión autorizada. De enero de 2024 a junio de 2025, la EUIPO hablaba de 27,3 millones de avisos enviados a intermediarios y de una tasa de suspensión en torno al 11%. Y aquí está el claro contexto de por qué a mediados de 2025 comenzó a popularizarse los bloqueos de internet cuando habían partidos de LALIGA.
LALIGA ha afirmado que logró reducir en España el índice de consumo de piratería un 60% en la temporada 2024/25. Ahora bien, esa es una cifra comunicada por la propia organización. Al mismo tiempo, la EUIPO ha venido alertando de que el consumo ilegal de deporte sigue teniendo mucho tirón entre los jóvenes: en su campaña de 2024 indicaba que el 12% de los ciudadanos de la UE accede o retransmite deporte desde fuentes ilegales, y que entre los jóvenes de 15 a 24 años esa tasa sube al 27%; en España, ese grupo alcanzaba el 42%.
